Reseña sobre las denuncias de Daniel Rossi contra el IOSPER y su reciente intervención
En 2013, Domingo Daniel Rossi, entonces intendente de Santa Elena, solicitó la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), denunciando irregularidades en su gestión. Según Rossi, la administración de Silvio Moreyra desviaba fondos destinados a la salud para fines políticos, como la contratación de personal afín, la compra de favores mediáticos y el financiamiento de campañas electorales. Estas denuncias fueron minimizadas en su momento y desestimadas como parte de una disputa política.
En 2016, un periodista de Santa Elena, representado por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, presentó un pedido de acceso a la información pública para investigar estas presuntas irregularidades. En primera instancia, la justicia otorgó un amparo que permitía acceder a los datos, pero el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con votos de Claudia Mizawak y Juan Smaldone, revocó la decisión, manteniendo la opacidad sobre la gestión del IOSPER.
Posteriormente, en 2017, tras estas negativas judiciales, Rossi, junto a su abogado, presentó una denuncia penal en la que expuso un esquema aún más grave. Acompañó pruebas que apuntaban a una gerenciadora de la provincia de Santa Fe, señalada como la responsable de importantes desvíos de dinero desde el IOSPER. Sin embargo, esta denuncia tampoco prosperó. En 2022, el procurador general Jorge Amílcar Luciano García archivó la causa, justificando todas las contrataciones realizadas por la obra social, lo que generó fuertes críticas por parte de Rossi y otros sectores que consideraron la medida como un intento de encubrimiento.
En diciembre de 2024, finalmente, el IOSPER enfrentó una crisis institucional y financiera insostenible. Su presidente, Fernando Cañete, presentó la renuncia, y el gobernador Rogelio Frigerio anunció la intervención de la entidad, poniendo fin a una década de denuncias y ocultamientos.
Estas medidas llegan once años después de las advertencias iniciales de Rossi, confirmando muchas de sus denuncias y dejando en evidencia cómo la institucionalidad del IOSPER fue utilizada para fines políticos, afectando gravemente a los afiliados. Lo que en su momento fue desestimado como una disputa política, hoy se revela como un entramado de corrupción que perjudicó el sistema de salud pública de Entre Ríos.
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