ROCÍO VINAGRE: LA FISCAL DE CUENTAS QUE SE ENRIQUECE CON NEGOCIOS INMOBILIARIOS MIENTRAS INVESTIGA A FUNCIONARIOS POR CONSTRUIR ESCUELAS
En medio de un organismo que ha permitido el saqueo de presupuestos públicos sin control, donde empleados y funcionarios viven con sueldos de jueces y privilegios inadmisibles, la fiscal de cuentas Rocío Vinagre ha encontrado su propio camino al negocio privado: el rubro inmobiliario.
Las constancias de inscripción y actividad económica de Vinagre demuestran que, desde el mismo momento en que asumió como fiscal de cuentas, comenzó a operar en el sector inmobiliario, una actividad incompatible con el rol de quien debe auditar la administración del dinero público. No solo es inadmisible, sino que sugiere un uso de información privilegiada en beneficio propio.
Los registros oficiales muestran que Vinagre está inscripta en el rubro de “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes urbanos propios o arrendados”, actividad que comenzó en enero de 2021, coincidiendo con su desempeño en la fiscalía de cuentas. Es decir, mientras debía velar por el control del uso de fondos públicos, destinaba su tiempo a consolidar un negocio privado en el sector inmobiliario.
Lo más grave es que esta fiscal, que no vio irregularidades en el saqueo sistemático de recursos públicos, sí utilizó su poder para perseguir a funcionarios por construir una escuela, alegando formalismos administrativos para bloquear una iniciativa de interés social. El escándalo de la Escuela Heraclia Ruiz Díaz es la muestra más clara del doble estándar con el que opera el Tribunal de Cuentas: mientras se mira para otro lado ante la corrupción estructural, se persigue a quienes intentan mejorar la infraestructura educativa.
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos es un organismo cómplice del desfalco: mientras millones desaparecen sin control en negociados turbios, sus empleados y funcionarios gozan de sueldos exorbitantes, privilegios inauditos y ninguna exigencia de austeridad. En este contexto, el caso de Rocío Vinagre expone cómo la fiscalización de las cuentas públicas se ha convertido en una cueva de encubrimientos y negocios privados.
La pregunta es inevitable: ¿quién controla a los que supuestamente deben controlar?
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