Se trata del veto al proyecto de ley sobre contrataciones de alta significación que la Legislatura aprobó por unanimidad y ahora se tiene que desdecir.Este juevespuede llegar a prolongarse el papelón.
Para que el papelón, por lo menos no se exponga en un recinto, la idea es que no se constituya la Asamblea Legislativa, el ámbito que debe aceptar la medida del Poder Ejecutivo. De fracasar la convocatoria en tres oportunidades el veto queda firme. Ese es el plan que aparentemente se trazó.
Esta ley que Gustavo Bordet impugnó regula el procedimiento de contrataciones del Estado, sus entes descentralizados, autárquicos y empresas estatales cuando revisten el carácter de alta significación económica.
Del propio Ejecutivo había surgido la primera iniciativa. Sin embargo, el tema generó interés en las diferentes fuerzas y todos los bloques presentaron proyectos que luego se unificaron en un solo texto y se aprobó sin inconvenientes. Un ejemplo perfecto de las consignas del presente: diálogo, consenso, juntos y todos.
El Ejecutivo rechazó esa ley que reglamenta una manda constitucional por entender que viola precisamente lo que dice la Constitución de 2008.
En la Legislatura hay enojo y apuntan al Ejecutivo. ¿Quién debió coordinar esto? La pregunta es formulada con enojo. Diputados y senadores se jactan de haber consensuado un proyecto en un tema sensible. Más aún para el Gobernador que le puso el sello de “transparencia” a su narrativa en todos estos años
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