El fiscal Stornelli le pidió a la jueza María Capuchetti que dicte una “medida cautelar” para prohibirle a la funcionaria Lewin “la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte» de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual «y/o cualquier otro organismo estatal que pudiera tender a llevar adelante las actividades” del observatorio y que pudieran provocar “posibles o mayores efectos dañinos sobre el bien jurídico protegido e implicar, por tanto, un menoscabo irreparable al derecho de la libertad de expresión y a la libertad de prensa, constitucionalmente consagrados”.

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