Todo empezó con la viralización de un diálogo de whatsapp. Uno de los que habla es Caros Gómez, agente de la Policía, miembro de la estructura de la Municipalidad de Concordia, en la Unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad de Concordia. Es, además, esposo de la secretaria de Desarrollo Humano del gabinete del intendente Enrique Cresto, Julia Sáenz. Y revela, el audio, el modo cómo Gómez se queda con el 40% del salario que percibe un contratado de la Comuna.

El audio decía lo siguiente: 1) Al contratado le pone como condición que “devuelva” el 40% del efectivo que figure en la factura, con el argumento de que el dinero servirá para pagar “a otro compañero”. Y, para que no queden dudas, Carlos Gómez le advierte que el porcentaje de la “quita” se aplica incluso al aguinaldo.

2) Al momento en que se produjo esta negociación, el intendente Enrique Cresto aún no había designado secretaria de Desarrollo Humano a la concejal del PJ Julia Sáenz, pero su esposo sabía que más adelante tal nombramiento podría producirse. De allí que se le escuche decir: “Julia no sé a dónde va a ir, pero menos de concejal no va a ser y nosotros en la gestión que viene vamos a agarrar una secretaría. Agarramos una secretaría y nosotros manejamos 100 contratos, ¿entendés?”

3) A un contratado, apodado “Leo”, que se va de la ciudad, igual le seguirán pagando. Carlos Gómez lo justifica así: “Yo a Leo le voy a seguir pagando. No le podemos dejar de pagar. Él se va en febrero, pero tenemos que seguir pagándole, porque Leo está desde los 12 años, ¿entendés?”.

4) En el diálogo no se explicitan las tareas y horarios que deberá cumplir el contratado que debe “resignar” el 40%. Hay una referencia indirecta cuando dice “nosotros también aportamos, trabajamos, cuando vos nos necesitás, estamos, siempre”.

Enterado del audio, el intendente Enrique Cresto decidió separar a Gómez de sus funciones en la Unidad Municipal de Proyectos Estratégicos, aunque creyó entrever en su difusión una operación política. “Hemos pedido reunir todos los informes y chequear si detrás de este audio hay una operación política o realmente hay una situación digna de estudiar y analizar”, comentó el mandatario. Y agregó que se está esperando “si se realiza una denuncia en la Justicia”, sostuvo.

Pero el asunto no quedó sólo en la viralización del audio de whatsapp. Un empleado contratado que dice haber sido víctima de una maniobra de “descuento” como la que reveló ese audio se presentó en los Tribunales de Concordia, y a partir de allí se abrió una investigación penal.

El fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Concordia, José Costa, confirmó que e las últimas horas hubo un allanamiento autorizado por el juez de Garantías Mario Figueroa en el domicilio de la concejal y del exfuncionario Gómez.

El procedimiento, explicó, tuvo por propósito dar los primeros pasos para investigar una denuncia presentada en los Tribunales por un contratado que asegura haber sido víctima de una maniobra similar a la que aparece descripta en el archivo de audio.

La investigación judicial no es la única consecuencia que trajo aparejada la viralización del diálogo entre un contratado de nombre Daniel y Carlos Gómez, esposo de Julia Sáenz y por entonces miembro de la Unidad Municipal de Proyectos Estratégicos.

En los Tribunales de Concordia también se abrió una causa por peculado que también involucra al intendente. La causa está caratulada “Cresto Enrique Tomas; Francolini Alfredo Daniel, Mendieta Jorge; Santana Oscar Alberto; Subeldía Héctor; y Von Zelleheim s/Peculado y otros”. El 28 de febrero el fiscal José Arias hizo una ampliación de la apertura de causa, y la imputación quedó calificada como peculado en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de instrumento público, y comprometió seriamente al intendente de Concordia, que tildó la investigación como “campaña sucia”.

La causa investiga pagos que en principio se reprochan como irregulares a la hija de un puntero del peronismo de Concordia que subcontrataba servicios de desmalezado a la Municipalidad, Juan Adolfo González. La causa se abrió el 25 de octubre de 2018. González empezó a reclamar el pago de la deuda: $300 mil. Después de varios reclamos y haberse encadenado a la Municipalidad, dijo, fue contactado por el secretario de Cresto, Guillermo Von Zehlleim, “para llegar a un acuerdo, pidiéndome que ponga una persona de confianza para pagarle mi plata porque ellos no querían hacer figurar que me estaban por pagar a mí personalmente”. Fue así que puso a su hija María Agustina González para cobrar la deuda. Y tras cartón anota un dato: habla de irregularidades en las contrataciones de las cooperativas de trabajo como la suya con la Municipalidad de Concordia.

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