El 15 de enero de 1964, el presidente Arturo Umberto Illía envió al Congreso un proyecto de ley, impulsado por el Ministro de Salud, Arturo Oñativia, para regular los medicamentos, tratándolos como bienes sociales.
Un estudio reveló que muchos productos medicinales eran de mala calidad o no cumplían con lo que anunciaban, además de venderse a precios desproporcionados.
El gobierno exigió a los laboratorios presentar declaraciones juradas sobre costos y calidad, otorgándoles un plazo de seis meses mientras los precios se congelaban. Sin embargo, las empresas no respondieron, temiendo las pruebas realizadas por las autoridades.
Illía, médico de profesión, se destacó por su compromiso con la salud pública y su lucha contra los abusos farmacéuticos, aunque su mandato fue interrumpido por un golpe militar en 1966.
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