El 3 de octubre de 2017, la causa pasó a presentarse con el hashtag #ContratosTruchos. Ese día la Policía de Entre Ríos allanó dos estudios contables ligados a la Legislatura provincial. Ese día se supo, cuando lo reveló Página Judicial, que lo que se venía era un vendaval que solo un piloto de tormenta podía amortiguar el golpe.
Ese día fue secuestrada información valiosa de las oficinas de Pedro Opromolla, Guido Krapp, Nicolás Beber y compañía; ubicadas en calle Misiones, entre Uruguay y Rosario del Tala. Y también de las de Alfredo Bilbao y Ariel Faure, en el edificio tipo inglés, en la esquina de Alameda de la Federación y Córdoba. Fue el inicio del escándalo. La trama había tenido su primer capítulo el 20 de septiembre cuando policías advirtieron que tres personas extraían dinero con varias tarjetas en un cajero del Bersa de calle Alsina. Fueron allanadas en sus domicilios y a partir de allí empezó la película.
En las audiencias se reveló información delicada que atraviesa a todo un poder del Estado. Está por verse qué dinero se desvió a través de contrataciones leoninas de la Cámara de Diputados y el Senado en la última década. Es decir desde 2008 -2018. Sin embargo, la investigación que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry hizo un recorte en Diputados, donde la pesquisa arranca desde el 2011. Esa edición de la trama en ese cuerpo legislativo dejó afuera al período que tuvo a Jorge Busti como presidente. En la Procuración General se dijo sin que nadie se ponga colorado “que no hay información” sobre esos años. Aclaración: no es que no hay información que aporte a la investigación, no hay literalmente documentación. Desapareció. Página Judicial dio cuenta de la existencia de un acta que generó ruido en el ámbito político, en oficialistas y opositores, pero prefirieron que el tema quede en las mesas de café y alguna peña.
En los primeros debates para tratar las prisiones preventivas de los tarjeteros, Bilbao, Faure y el director administrativo del Senado Gustavo Pérez, se puso sobre la mesa un dato inquietante: la relación entre el marido de la entonces coordinadora de la causa, la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, y uno de los imputados. Se trataba de un departamento que el contador Sebastián Orlando tenía con Opromolla. La publicación en El Diario y Página Judicial mereció una teoría por parte de Goyeneche, quien encontró en abogados defensores y periodistas a integrantes de una “banda mafiosa” que lo que pretende es frenar la causa que, en boca de los fiscales, hay prueba suficiente para llegar a la pináculo del poder en la provincia. Esa versión, la de conspirar contra los fiscales, fue apoyada por colegas comunicadores.
Días después se conocieron correos electrónicos entre Orlando y el estudio Integral Asesoría que integra Opromolla y meses más adelante cuando los fiscales decidieron embargar a los imputados Goyeneche tuvo que dar un paso al costado porque la medida recaía sobre un segundo inmueble con Opromolla. Todos esos elementos surgieron del legajo y de los allanamientos, no de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
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