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Creciente descrédito en la justicia de Entre Ríos luego de los allanamientos a los hermanos Tortul, a los Villegas, a los hermanos Gamarci y a Juan Domingo Zacarías
El creciente descrédito en la justicia de Entre Ríos ha alcanzado niveles alarmantes, y los recientes allanamientos a figuras vinculadas al poder, como los hermanos Gamarci y Juan Domingo Zacarías, son una clara demostración de cómo estas acciones judiciales se convierten en una parodia. A pesar de la gravedad de las investigaciones, ni Gamarci ni Zacarías tuvieron la necesidad de nombrar un abogado defensor, lo que refuerza la idea de que el proceso judicial no es más que un espectáculo sin consecuencias reales.
En el caso de Zacarías, interventor del EPRE, su carrera política de 40 años, donde ha pasado por todos los partidos de peso, lo ha convertido en una figura omnipresente en la política de Entre Ríos. Desde su época como menemista hasta su vínculo con Cristina y Macri, siempre ha sabido mantenerse en el poder. No es de extrañar que, tras el reciente allanamiento a su casa y a las oficinas del EPRE por delitos económicos, la gente asuma que, como en el caso de los Gamarci, todo quedará en la nada.
Estas situaciones alimentan la sensación de que en Entre Ríos la justicia persigue a algunos de manera selectiva, mientras otros, con conexiones en el poder, salen indemnes. Los allanamientos sin consecuencias generan una gran frustración entre los ciudadanos, que ven cómo figuras poderosas son expuestas públicamente, pero sin que realmente haya un proceso judicial en marcha que los comprometa.
Es imperativo que se inicie un debate serio sobre el papel de la justicia en la provincia, ya que estas acciones, que muchos ven como parodias judiciales, solo refuerzan la percepción de que en Entre Ríos todo se diluye cuando se trata de personajes vinculados al poder. La impunidad para unos y la persecución para otros no hace más que erosionar la confianza pública en las instituciones.
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